Uribismo pide garantías a la fiscalía y organiza una marcha por persecución al centro democrático.

Concentración de simpatizantes del Centro Democrático en el búnker de la Fiscalía. Pidieron garantías jurídicas. FOTO COLPRENSA

Mientras integrantes del Centro Democrático reiteran las denuncias de una persecución en su contra, el Gobierno insiste en que no es verdad.

Ayer, cerca de 30 manifestantes acudieron al búnker de la Fiscalía para protestar contra una supuesta “persecución política”, orquestada por el fiscal general, Eduardo Montealegre.

“Queremos que no haya más presos políticos y que la justicia no siga filtrando todos los procesos a los medios (...) Estamos aquí para exigir garantías, porque cuando vemos las decisiones judiciales, como en los casos de Andrés Felipe Arias, Bernardo Moreno, y Sabas Pretelt, se puede ver que es una persecución política”, dijo el ex vicepresidente Francisco Santos.

En ese mismo escenario, en horas de la tarde, aparecieron los hijos del expresidente Uribe, Jerónimo y Tomás Uribe, quienes radicaron una carta en la que manifiestan su disposición para responder por supuestos nexos con James Arias, “zar de la chatarra”.

“A lo largo del año pasado recibimos seis testimonios de diferentes personas sobre presuntos ofrecimientos por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Presidencia de la República al señor James Arias, para vincularnos a las actividades criminales de las cuales hoy se le acusa”, dijo Tomás Uribe al leer la carta que fue radicada en la Fiscalía.

Adjuntaron seis testimonios, dos de ellos juramentados, que hablan sobre supuestos ofrecimientos por parte de la Fiscalía y la Presidencia a Arias para que los vincule a actividades criminales. El expresidente Uribe se pronunció en su cuenta de Twitter, para invitar a la ciudadanía a una marcha el próximo 2 de abril. “La situación del país es muy grave: se está consolidando la entrega al terrorismo. La salida a las calles es una necesidad para defender la democracia”.

Se espera que mañana Uribe dé a conocer un comunicado sobre la captura y el proceso penal de su hermano Santiago.

“En 2014 (Santos) me acusó de paramilitar, también dijo que extradité a los cabecillas paramilitares para que guardaran silencio y promovió un debate contra mi honra en el Congreso. Y yo que lo defendí cuando Mancuso lo acusó de haber buscado a los paramilitares para derrocar al Presidente en ejercicio”, dice un apartado del comunicado.

Gobierno responde

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, negó que el Gobierno haga una persecución política: “Lo que tiene que hacer el uribismo, como todos los ciudadanos de este país, es explicar sus actuaciones y demostrar su inocencia con plenas garantías. Pareciera que el uribismo tuviera un manual para descalificar cualquier decisión de la justicia”.

Con esta opinión coincidió el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático: “Se han hecho esfuerzos por buscar convergencias para que todos los sectores políticos contribuyan a la paz, pero vemos en el uribismo una postura con tendencia a querer polarizar y fomentar discordia entre los sectores políticos. En el caso de Santiago Uribe debe haber garantías judiciales, pero tampoco se puede esconder la existencia y los crímenes del paramilitarismo en Antioquia”.

Miguel García, profesor de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, considera que “no existen elementos suficientes para decir que se presente una persecución política. Sin embargo, hay que entender que este proceso judicial se da en la coyuntura de un cálculo político. El Centro Democrático tiene derecho a expresar su insatisfacción pero la crítica a la institucionalidad pone en tela de juicio la integridad de las instituciones colombianas”.

(fuente Elcolombiano)